LA FRACTURA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Decía Aristóteles que el hombre es un animal político porque solo alcanza su plenitud en comunidad, en el marco de la polis. Ser sociales nos hace, inevitablemente, políticos.
Por eso hablar de política no es opcional, es un deber. Y más aún en Colombia, donde lo que ocurre en el escenario público deja cicatrices en la sociedad, en la economía y en general en la vida cotidiana. Hace años no vivíamos una fractura como la actual, y hoy siento —como muchos— que el Estado social de derecho prometido en la Constitución del 91 se ha vuelto una utopía cada vez más lejana.
Nací en los noventa, en un "Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista". Sin embargo, no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo materno. En la violenta Medellín de los ochenta, él y su academia fueron asesinados por alzar su voz. Hoy, cuatro décadas después, seguimos atrapados en la misma espiral de violencia que creímos haber superado.
Desde que tengo uso de memoria, nunca había sentido tanta desesperanza como en los últimos tres meses. Y duele. Duele porque los colombianos hemos soñado con un país en paz, con un futuro donde las ideas no cuesten vidas, donde disentir no sea una sentencia.
El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay no fue solo un ataque contra un hombre, un hijo, un esposo o un padre. Fue un fusilamiento a la democracia, un golpe a la soberanía del pueblo que aún soñaba con el cambio.
Lo ocurrido no puede verse como un hecho aislado. Casi al mismo tiempo, un helicóptero de la Policía fue derribado en un ataque que dejó 12 muertos. En Cali, un carro bomba explotó frente a una base aérea, sembrando miedo en la población. Y, como si la violencia no tuviera límites, se han revelado planes de atentados contra gobernadores y alcaldes, además de interceptaciones ilegales a líderes de la oposición.
No es solo la muerte de un candidato, ni los atentados, ni los helicópteros caídos: es la sensación de que la historia se repite, una y otra vez, como si estuviéramos condenados a olvidar lo aprendido.
La suma de estos hechos revela algo más profundo: el gobierno actual no garantiza la vida, la paz ni la libertad de pensamiento. Ha demostrado ser incapaz de cumplir su obligación constitucional más básica: proteger a los ciudadanos y garantizar sus derechos fundamentales.
La polarización es la grieta que nos carcome y nos mata. No solo con armas, sino con discursos que siembran odio y dividen familias, comunidades y territorios. Como ciudadanos, al alimentar esa lógica de bandos irreconciliables, estamos destruyendo el suelo mismo de la democracia.
El irrespeto a las diferencias se ha convertido en práctica cotidiana. Nos hemos acostumbrado a ver al otro como enemigo y no como adversario político. Y cuando un país no soporta el disenso, la democracia deja de existir: lo que queda es solo ruido, violencia y miedo.
El escenario es devastador. La Constitución de 1991 nos prometió un Estado social de derecho. Un país donde la vida fuera inviolable, donde se protegieran las libertades, donde la dignidad fuera el eje. Pero hoy esa promesa es letra muerta; cada atentado, cada asesinato, cada ataque a la población civil, cada amenaza a un líder social o político es una prueba de que los principios más sagrados de nuestra carta política se violentan día tras día. Y el gobierno, en vez de garantizar la Constitución, se ha convertido en cómplice de su deterioro.
El resultado es un país donde la justicia no alcanza, donde la seguridad no existe, donde la vida es un riesgo y donde la esperanza se erosiona.
Muchos dicen que "no hay que hablar de política" porque divide, porque cansa. Pero la política es, en esencia, la forma en que vivimos juntos. Y cuando callamos, dejamos que las balas dicten la historia. Por eso es urgente hablar. Nombrar lo que pasa. Recordar que detrás de cada titular hay seres humanos, familias rotas, comunidades en duelo. Y que detrás de cada fallo institucional hay un Estado que renuncia a ser social, justo y garante de derechos.
Si algo he aprendido de este dolor —del dolor que he visto transformarse en los ojos de mi madre y de mi abuela— es que necesitamos unirnos como sociedad para no perder la esperanza. Soñar con un país en paz no puede ser una utopía. Cambiar la historia está en manos de todos los ciudadanos: en nuestras decisiones, en nuestra capacidad de escuchar, en la forma en que elegimos relacionarnos con quienes piensan distinto.
Colombia no puede seguir siendo un país de ecos rotos. No podemos aceptar que la violencia vuelva a ocupar el lugar de la palabra. No podemos normalizar la muerte ni resignarnos al desgobierno.
La Constitución de 1991 fue escrita como una promesa de futuro. Hoy más que nunca necesitamos rescatarla de la utopía y convertirla en realidad. Porque si el Estado deja de ser social, si deja de ser garante, si deja de ser derecho, lo que se muere no es solo un sistema político: lo que muere es la esperanza de país.
Laura M. Martínez Morales / Lauristinez
